Con la llegada de las elecciones judiciales, ha surgido una pregunta inevitable: ¿deberían los candidatos a jueces y magistrados participar en debates públicos, como lo hacen los políticos?
En principio, los debates en campañas políticas sirven para confrontar ideas, contrastar propuestas y permitir que el electorado evalúe a sus candidatos. Pero en una contienda judicial, esta lógica puede ser contraproducente.
El rol de un juez no es convencer a las masas ni persuadir con discursos emocionales. Su labor está centrada en aplicar la ley con imparcialidad, conocimiento y ética. A diferencia de un candidato a presidencia municipal o diputación, un juez no tiene como objetivo ganar simpatías, sino garantizar derechos.
El riesgo de trasladar el formato tradicional de debate político a una elección judicial es que se privilegie la forma sobre el fondo. Que gane quien hable mejor, no quien esté mejor preparado. Que se vote por carisma, no por criterio jurídico. Y en ese escenario, la justicia puede quedar relegada frente al espectáculo.
Desde una perspectiva de comunicación política, un debate judicial solo tendría sentido si permite evaluar tres aspectos clave:
1. Conocimiento y preparación: ¿La persona domina realmente su especialidad jurídica o se limita a repetir lugares comunes?
2. Criterio ético y valores: ¿Cómo argumenta sus decisiones? ¿Qué principios guían su interpretación de la ley?
3. Capacidad de comunicación pública: ¿Puede explicar su función de manera clara y comprensible para la ciudadanía?
El problema es que los debates tradicionales no están diseñados para eso. Por eso, muchos especialistas han propuesto foros temáticos estructurados por ramas del derecho (penal, civil, familiar, etc.), en los que los candidatos puedan exponer su experiencia, trayectoria y visión de la justicia, sin caer en la lógica del show político.
En una elección inédita como esta, la forma en la que se comunica el perfil judicial será decisiva. Y el debate, si no se adapta al contexto, puede convertirse en un riesgo más que en una oportunidad para el fortalecimiento democrático.