Elegir jueces y magistrados mediante voto popular es una novedad en el sistema democrático mexicano. Pero este nuevo ejercicio de participación ciudadana también plantea una pregunta crucial: ¿cómo harán campaña las y los aspirantes a estos cargos judiciales?

A diferencia de los perfiles políticos tradicionales, los jueces no pueden prometer obras, gestionar servicios ni repartir apoyos. Tampoco están acostumbrados a expresarse en público ni a vender su imagen. No son figuras públicas, y en muchos casos, ni siquiera son conocidos por fuera del ámbito judicial.

Esto representa un cambio radical en la lógica de las campañas. Ya no se trata de convencer con promesas, sino de comunicar por qué una persona está calificada para impartir justicia, y hacerlo de manera clara, ética y sencilla. La ciudadanía no necesita escuchar tecnicismos legales; necesita comprender qué impacto real tiene el trabajo de un juez o magistrado en su vida cotidiana.

Aquí es donde entra la comunicación política estratégica. En una campaña judicial, lo más importante no es “vender una imagen”, sino traducir credenciales, valores y visión de justicia en un mensaje comprensible para el electorado. Esto implica abandonar el lenguaje judicial y conectar desde un lugar más humano y pedagógico.

Además, existe una limitante de tiempo: el periodo de campaña será de solo 60 días. En ese corto lapso, los candidatos tendrán que hacer lo que, en política tradicional, muchas veces toma años: construir posicionamiento, confianza y recordación.

La campaña judicial no puede seguir los moldes de siempre. Requiere un nuevo modelo narrativo que hable de capacidades, ética y compromiso con la justicia, en lugar de promesas vacías o carisma improvisado. Porque en esta elección, lo que está en juego no es una obra pública: es la garantía de derechos para millones de personas.